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Diferencia entre la orden de restricción provisional y la medida cautelar

Escrito por erika johansen | Traducido por leticia albarran
Diferencia entre la orden de restricción provisional y la medida cautelar

Los tribunales emiten medidas cautelares sobre prueba de daño inminente.

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Las medidas cautelares y las órdenes de restricción provisionales son dos tipos de interdictos, pero tienen diferentes requisitos y duraciones. Un interdicto es una orden de la corte, por lo general sobre la base de una petición formulada por el demandante, la cual rige el comportamiento del acusado. Se clasifica como un recurso de equidad, es decir, un recurso que no sea una compensación monetaria por una situación en la cual, esta es inaplicable o inadecuado.

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Interdictos

Si una parte todavía no ha sufrido daños, pero lo hará en el futuro, esa parte no puede demandar la indemnización antes de ocurrido el daño. Para enfrentar estas situaciones difíciles, la ley prevé la posibilidad de buscar la protección de un daño inminente al pedir a un tribunal un mandamiento judicial. Los tribunales de equidad utilizan los interdictos para ayudar a las partes que casi seguramente sufrirán daños si este no se concede. Los tribunales pueden emitir interdictos positivos, que obligan a un acusado a actuar, o interdictos prohibitorios, que prohíben que el demandado actúe. De cualquier manera, un interdicto es reconocible porque regula el comportamiento de una persona.

Medida cautelar

La intención de una medida cautelar es mantener las cosas exactamente como están el tiempo suficiente para permitir que el tribunal tome una decisión sobre el asunto subyacente. Por ejemplo, si John y Mary se disputan la propiedad de una casa en la que vive John, Mary podría solicitar una medida cautelar para evitar que John venda la casa hasta que el tribunal decida quién es el propietario. Las medidas cautelares no tienen por objeto, en sí mismos, ser permanentes, sin embargo, una vez que el tribunal decide la cuestión subyacente, puede decidir hacer el interdicto permanente. La medida cautelar tiene por objeto actuar como un recurso provisional antes y durante el proceso judicial completo.

Proceso de la medida cautelar

Como las medidas cautelares pueden obligar el comportamiento del acusado por bastante tiempo, la ley requiere un cierto nivel de proceso con el fin de obtener una. El demandante puede solicitar al tribunal el interdicto, pero este no podrá concederlo sin la celebración de una audiencia. El acusado debe recibir la notificación de dicha audiencia, para tener la oportunidad de comparecer e impugnar la solicitud de interdicto.

Orden de restricción provisional

Una orden de restricción temporal (TRO, por sus siglas en inglés) es también un interdicto, pero se utiliza en situaciones en las que el demandante necesita protección inmediata y teóricamente no puede permitirse ni siquiera el retraso necesario para celebrar una audiencia sobre el asunto. No hay audiencia o proceso necesario para obtener una TRO, el juez sólo puede emitirla a petición del demandante. Debido a que el procedimiento de TRO no da al acusado mucho espacio para impugnarla, las TRO deben tener una duración limitada, por lo general no más de 10 días. Algunos tribunales podrán ampliarlas a 20 días sobre una causa justificada, pero después de 20 días, el proceso de medidas cautelares debe asumirse. Las TRO son muy difíciles de apelar.

Criterios para las TRO

Debido a que la TRO priva de la libertad de manera significativa (aunque no ilegal) al acusado, la TRO se reserva sólo para situaciones en las que el demandante se enfrenta a un daño irreparable, es decir, un daño potencial que en caso de producirse, no puede repararse posteriormente por la ley. La emisión de una TRO también requiere que el juez no tenga otros medios para prevenir el daño que se aproxima. Para decidir si se concede o no una TRO, los tribunales también deben equilibrar la dificultad potencial para el demandante sin TRO contra las dificultades potenciales para el demandado en caso de que se conceda la TRO. Si esta afecta el interés público, los tribunales deben tomar en cuenta también ese impacto posible.

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