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Leyes sobre abuso de menores

Escrito por contributing writer | Traducido por lou merino
Leyes sobre abuso de menores

Los oficiales estiman que 1 de cada 6 chicos habrán sido abusados a la edad de 18 años.

George Doyle/Stockbyte/Getty Images

El abuso sexual es uno de los más serios y prevalentes crímenes que pueden sucederle a los niños. Los oficiales estiman que 1 de cada 6 chicos habrán sido abusados a la edad de 18 años. Para las niñas, el estimado es 1 de cada 4, de acuerdo con Child Molestation Laws.com, un sitio web dedicado a educar al público sobre abuso de menores. Las leyes sobre abuso de menores son asunto de debate en la comunidad legal, entre aquellos que favorecen leyes más fuertes contra los predadores sexuales y aquellos que no.

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Geografía

George Doyle/Stockbyte/Getty Images

Hay varias leyes sobre abuso infantil a nivel nacional, pero estas leyes ponen la ejecución en las manos del estado. Como resultado, los detalles y aplicación de las leyes varían de estado a estado. Las sanciones a menudo varían de estado a estado también.

Prevención

No estrictamente "leyes", hay dos sistemas de alerta para niños perdidos en los Estados Unidos cuyo propósito es evitar la explotación de menores. El primer sistema establecido fue "Code Adam". Este código ha sido adoptado por muchos parques de diversiones, supermercados y cadenas de supermercados. Consiste de una serie de procedimientos que los empleados deben seguir en caso de que un niño se reporte como perdido. Estas instrucciones incluyen, en el caso de una tienda de departamento, por ejemplo, hacer anuncios para hacer saber a los compradores y visitantes la descripción del niño perdido y monitorear arduamente las salidas. El segundo sistema de monitoreo es la Alerta Ambar. Ambar es el acrónimo de (America's Missing: Broadcasting Emergency Response). Es un programa nacional voluntario que envía boletines de alerta cuando un niño está perdido.

Ejemplos

Desde 1994, muchas leyes sobre abuso infantil han pasado llevando nombres para honrar a las víctimas de este crimen. La principal ley federal concerniente al abuso infantil fue Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender Act, aprobada por el Congreso en 1994. Esta acta exige que se implemente un registro de criminales sexuales en los estados. Megan's Law, aprobada en 1996, exige que todos los estados tenga un programa de notificación comunitaria para notificar a los vecinos cuando un depredador sexual se mude a un área. La Jessica Lunsford Act, no es una ley federal, pero ha sido aprobada por más de la mitad de los estados. Requiere una sentencia obligatoria de 25 años a cadena perpetua para cualquiera que acose o abuse de un niño de 12 años o menos y una pulsera de monitoreo obligatoria para aquellos que abusen o acosen a un niño mayor a 21 años. La Adam Walsh Child Protection and Safety Act, promulgada en 2006, establece estándares nacionales para el registro de criminales sexuales.

Abogacía

Las principales preocupaciones sobre las leyes existentes sobre abuso infantil son que estas leyes son demasiado laxas en los criminales una vez que son capturados y que no notifican significativamente al público que un abusador de menores se encuentra en el vecindario, a pesar de la Megan's Law, de acuerdo con el Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados. Aquellos a favor de la reforma de las leyes sobre abuso infantil también señalan la debilidad del sistema a nivel nacional en cuanto a la diferencia en fallos, ejecuciones y sentencias.

Consideraciones

Hay dos preocupaciones principales en contra de las más duras leyes contra el abuso infantil. La primera preocupación es que las sentencias más duras requerirán sólida evidencia física, la cual no existe en muchos casos de abuso sexual infantil que implican caricias u otros actos que no sean penetración, dijo la fiscal Brenda Brisbin del condado de Aiken, Carolina del Sur en una entrevista con Augusta Chronicle. Los abogados de niños también señalan que esto requerirá que más niños testifiquen en la corte porque los acusados son más propensos a elegir un juicio que un acuerdo si las penas son más severas. Finalmente, está el problema de los derechos constitucionales. Algunos estados, como Louisiana, han tratado de adoptar la pena de muerte para criminales reincidentes, sólo para encontrar esta ley bloqueada en las cortes. Los abogados de derechos humanos argumentan que una pena de muerte no puede ser dada como castigo a menos de que una vida sea tomada o haya un intento de tomar una vida.

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