Los tres tipos de poderes otorgados por la Constitución de los Estados Unidos

Los tres tipos de poderes otorgados por la Constitución de los Estados Unidos.

Jupiterimages/liquidlibrary/Getty Images

El gobierno de Estados Unidos es un gobierno federal que comparte sus poderes con los estados como una forma de control y equilibrio para garantizar que una rama del gobierno no tenga demasiado poder o control. La división de poderes establecida en la Constitución de los Estados Unidos en la 10ª Enmienda, establece que "los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos a los estados, están reservados a los estados respectivamente o al pueblo".

Las facultades delegadas

Las facultades delegadas son poderes que se otorgan específicamente al gobierno federal en la Constitución. Estos también son conocidos como poderes enumerados. Los ejemplos de poderes de los que el gobierno federal tiene el control exclusivo incluyen la posibilidad de declarar la guerra, el control de la inmigración, admitir nuevos estados, establecer la ley de quiebra y conducir las relaciones internacionales.

Poderes reservados

Algunos poderes están reservados específicamente para los estados, y el gobierno federal no tiene poder sobre ellos. Los poderes de los estados incluyen el establecimiento de las leyes matrimoniales, el establecimiento de contratos y leyes testamentarias, la supervisión y el establecimiento de escuelas públicas, administrar los gobiernos locales y regular el comercio interestatal.

Competencias concurrentes

Las facultades concurrentes son poderes que el gobierno federal y los estados comparten. Tanto los estados como el gobierno federal tienen derecho a aplicar impuestos, crear tribunales, establecer la ley de bancarrota, construir y mantener las carreteras, pagar las deudas y establecer bancos comerciales.

Poderes implícitos

El gobierno federal también tiene facultades que no están expresamente establecidas en la Constitución. La Constitución otorga estos poderes implícitos a través del derecho que tiene el gobierno federal de hacer las leyes que se consideren "necesarias y apropiadas" para llevar a cabo las responsabilidades constitucionales.

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