Control federal

El gobierno de Estados Unidos tiene mucho más poder sobre los territorios que sobre los estados. Siguiendo con el ejemplo de Puerto Rico, aunque este territorio tiene un gobierno regional, la totalidad de sus facultades son delegadas por el Congreso de EE.UU. y el presidente es considerado el jefe de Estado. El gobierno local se encarga de los asuntos internos, pero EE.UU. mantiene el control sobre asuntos como el comercio interestatal, las relaciones y el comercio exteriores, las aduanas, inmigración, la moneda, la milicia, las comunicaciones, la agricultura y la Seguridad Social.

Todos los estados tienen soberanía del gobierno federal bajo la 10 ª Enmienda, que establece que sólo se conceden al gobierno federal los poderes establecidos específicamente en la Constitución, mientras los estados conservan todos los demás poderes.

Representación federal

Cada estado tiene dos representantes en el Senado de los EE.UU. y otros tantos en la Cámara de Representantes, en función de su población. Los territorios no tienen representación en ninguna de las cámaras del Congreso, pero deben acatar sus normas. A Puerto Rico se le permite enviar un delegado al Senado, pero este no participa en las votaciones y está privado de sus derechos a voto.

Ciudadanía

Los que viven en territorios como Guam y Puerto Rico son técnicamente ciudadanos estadounidenses, pero no tienen la misma gama de derechos y libertades que la gente que vive en un estado del país. Si bien mantienen sus derechos fundamentales, como la libertad de expresión y religión, los ciudadanos de los territorios no pueden votar en las elecciones para la presidencia y el Congreso. Esto también se aplica a los ciudadanos de pleno derecho de Estados Unidos que viven en Puerto Rico o en otro territorio.

Capacidad normativa

Los estados tienen sus propios gobiernos organizados y promulgan y aplican sus leyes sin necesitar la aprobación de una autoridad superior. Gobiernan junto con el gobierno federal, pero son razonablemente autónomos. Los territorios siguen las leyes establecidas en los artículos I y IV de la Constitución, pero también pueden promulgar su propia legislación, siempre y cuando no rompa ninguna ley previamente establecida por el Congreso.