Para el ciudadano

La pena máxima por entrar en un matrimonio con un inmigrante ilegal de origen extranjero para evadir las leyes de inmigración es una multa de US$250.000 y un plazo de cinco años de prisión, según el Centro de Estudios de Inmigración. El Congreso estableció esta pena en la Ley de Enmiendas de Matrimonio Fraudulento de Inmigración en 1986, y ha servido como la pena máxima desde entonces. Esta sanción es una multa federal, lo que significa que la pena de prisión es un término de prisión federal.

Para los inmigrantes ilegales

Los inmigrantes ilegales contraen matrimonio con un ciudadano de los EE.UU. con el fin de evitar cualquier requisito de la ley de inmigración de Estados Unidos, se enfrentan a multas de entre US$2.500 y US$6.000. Además, si el inmigrante es encontrado culpable, será deportado a su país de origen. Los inmigrantes ilegales pueden utilizar las opciones de los reembolsos y ganar su derecho a volver a entrar en el país. Las oficinas de inmigración tienen la decisión final al suministrar los reembolsos, y no hay ninguna garantía de que se apruebe un reembolso en cualquier caso particular.

Sanciones situacionales

Un ciudadano puede enfrentarse a multas adicionales y sanciones penales en base a sus acciones durante el matrimonio. Estas sanciones son delitos locales y generales y son tratados por separado de sus penas federales. Estos casos ocurren cuando un ciudadano casado abusa o coacciona a un cónyuge extranjero. Además, en situaciones en las que un ciudadano compra un cónyuge o cuando un inmigrante ilegal le paga un ciudadano para el matrimonio, los estados pueden juzgar a los individuos como una trata de personas.

Retos

Las oficinas de inmigración se enfrentan a numerosos retos cuando tratan de demostrar que un individuo entró en un matrimonio fraudulento con el fin de evadir las leyes federales de inmigración. A diferencia de otros delitos, las autoridades no pueden apuntar a un solo incidente como prueba de fraude matrimonial. En los casos en que uno de los cónyuges le da al otro una cantidad sustancial de dinero, entre US$5.000 a US$20.000, cerca del momento de su matrimonio, los funcionarios pueden investigar estos matrimonios en busca de signos de fraude. En otros casos, los funcionarios requieren que tanto los vecinos como los miembros de la familia hagan las alegaciones o que presencien personalmente una situación marital que parezca sospechosa.