Leyes sobre la firma electrónica

Escrito por christine kukka
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Leyes sobre la firma electrónica
La firma electrónica ofrece garantías de seguridad. (Hemera Technologies/AbleStock.com/Getty Images)

Muchos piensan que la firma electrónica simplemente es una firma manuscrita escaneada. En realidad, se trata de un concepto más complejo. La firma electrónica es un conjunto de datos en forma de claves que se “pegan” a los documentos digitales (facturas, recibos, contratos y otros) para ofrecer seguridad tanto a quien emite la documentación como a quien la recibe. Estas garantías son de autenticidad, integridad, inalterabilidad y perdurabilidad de la información contenida en los documentos.

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Firma electrónica y firma digital

Es común la idea de que la firma electrónica y la firma digital son iguales, pero esto no es acertado. Mientras que la firma electrónica hace alusión al conjunto de datos que se usan como medio de identificación de un firmante, la firma digital incluye todo lo anterior pero incorporando además una certificación emitida por un organismo autorizado, a través de la cual se valida la identidad de la persona firmante. Por lo tanto, la firma digital reviste mayor confiabilidad que la firma electrónica.

Leyes sobre la firma electrónica
La firma electrónica y la firma digital son diferentes. (Comstock/Comstock/Getty Images)

Evolución

Las primeras normas para regular las firmas electrónicas fueron emitidas en los países con mayor desarrollo tecnológico, que luego fueron seguidos por los países con economías emergentes. Se han dado tres tendencias en materia de legislación. La primera en los Estados Unidos, donde las leyes son muy reglamentarias y detalladas. La segunda, de carácter técnico como en el caso de Alemania. La tercera tiene un espíritu más flexible y es propia de países como España, Portugal, Colombia y otros.

Leyes sobre la firma electrónica
Las primeras leyes sobre firma electrónica se dieron en los países desarrollados. (PhotoObjects.net/PhotoObjects.net/Getty Images)

Aspectos centrales

Todas las legislaciones se orientan hacia cuatro aspectos fundamentales: la firma electrónica, el documento electrónico, los certificados digitales y los prestadores del servicio de certificación. Sobre este último elemento hay gran diferencia entre las legislaciones europeas y las latinoamericanas. Mientras en las primeras el servicio de certificación lo puede prestar prácticamente cualquier entidad, en América Latina el Estado se reserva gran parte de esas facultades, siendo éste quien emite las autorizaciones previas para dar lugar el servicio.

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Los certificados digitales pueden ser emitidos por particulares o por el Estado. (Stockbyte/Stockbyte/Getty Images)

Responsabilidades

Las legislaciones más modernas incluyen una serie de normativas encaminadas a delimitar las responsabilidades de los prestadores de servicios de certificación, que incluyen exigencias para probar la diligencia de sus actuaciones y asumir la carga por cualquier daño que llegara a presentarse. Otras legislaciones no incluyen fórmulas minuciosas frente a este tema. En países como Alemania el asunto fue objeto de un amplio debate y finalmente se decidió no incluir normas de responsabilidad para esas entidades.

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Solo algunos países delimitan las responsabilidades de los servicios de certificación. (Stockbyte/Stockbyte/Getty Images)

Efectos jurídicos

Casi todas las legislaciones aceptan que la firma electrónica, basada en una certificación reconocida y creada por un dispositivo seguro, tiene plenos efectos jurídicos. Esto quiere decir que la firma electrónica tiene las mismas consecuencias legales que la firma manuscrita y que también se puede admitir como prueba en el marco de un proceso judicial. Para estos efectos se entiende como válida la firma electrónica avanzada, la cual cumple requisitos técnicos más precisos que la firma electrónica simple.

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La firma electrónica avanzada tiene los mismos efectos jurídicos de la firma manuscrita. (Jupiterimages/Pixland/Getty Images)

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